Periscope y legalidad; no matemos al mensajero, ni al mensaje

Jaime Villasana Dávila

Artículo Xataka-México, 3 de marzo 2016

Desde hace algunos meses el Director General de Administración Delegacional de la Delegación Miguel Hidalgo (CDMX) y que equivocadamente le llaman “City Manager”, Arne Aus Den Ruthen, ha venido utilizando Periscope para “ventanear” en vivo y en directo a quienes violan leyes y reglamentos locales relativos a la vía pública.

Luego de varios casos hechos famosos a través de Twitter (como #LordMeLaPelas) y de la entrada al debate de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el tema ha tomado relevancia y ocupado buenos espacios en los medios tradicionales. Las opiniones están divididas; los “pensantes” dicen que el uso del Periscope es ilegal y peligroso para la democracia por no estar regulado, mientras que la “raza de sol” alienta a Arne a continuar haciéndolo pues es uno de los pocos medios efectivos para hacer cumplir la ley. ¿Quién tiene la razón? y lo más importante ¿cómo reducimos los índices de impunidad entre ciudadanos que también es altísimo?

El contexto

La primavera árabe de 2011 no puede entenderse sin las redes sociales. Fueron estas las que catapultaron un movimiento de libertades ampliamente anhelado en países como Egipto, Libia, Siria y Túnez. Que hoy están quizás peor que antes es otra historia, pero al menos se dieron la oportunidad de cambiar el statu quo con tales herramientas. Y conste que en ese año Periscope no existía (inició en febrero 2014).  

De entonces a la fecha miles de artículos se han escrito sobre la capacidad de las redes sociales de transformar realidades y de colocar en el debate temas que de otro modo no hubieran logrado un lugar en la atención pública. Y eso es precisamente lo que está pasando con Arne y Periscope; están poniendo a debate no la legalidad del uso de Periscope (es claro que hay que regularlo) sino la urgente necesidad de que las autoridades apliquen mecanismos novedosos para hacer cumplir la ley, porque hasta ahora hemos fracasado en hacerlo y esto es un principio en cualquier democracia.

El contexto indica que el principal problema de México, o uno de los tres primeros, es la impunidad. Y ésta no solo es aplicable a políticos o servidores públicos. También nos aplica a los ciudadanos. ¿Qué primero deben respetar la ley quienes ejercen cargo público? No, todos debemos respetarla ¿qué las penas quizá deban ser diferenciadas? Seguramente, no es lo mismo que un servidor público robe recursos públicos que lo haga un privado.

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